1. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA (SEGUNDO SEMESTRE) |
1.1. MERCADO INTERIOR Y ESTRUCTURA DE LA LIBRE CIRCULACIÓN Análisis de las técnicas de integración del mercado y la relación entre la integración negativa y positiva. Revisión de los enfoques de armonización y los desafíos legales e institucionales de la regulación económica de la UE. El concepto del mercado común y la teoría económica detrás de él. Del mercado común al mercado interior. Estudio del proyecto de 1992 e integración del mercado a través de normas de productos y normas de gobernanza. El Tratado protege la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas (los trabajadores y no trabajadores) en toda la Unión. Esta normativa puede ser entendida desde una perspectiva económica (como el fomento de una asignación más eficiente de los recursos) o desde una perspectiva más social (apuntando hacia la integración de los pueblos de Europa). En esta primera sesión hablaremos de las disposiciones sobre libre circulación desde una perspectiva general y constitucional, antes de analizar dos libertades específicas en la próxima sesión. Lectura: - Chalmers et al., capítulo 16, y p. 892-925. |
1.2. LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías (artículos 34 a 36 del TFUE) han disfrutado de mayor atención por parte de los tribunales y los académicos que cualquier otra. Eso se debe en parte a las razones constitucionales discutidas la semana pasada: la forma en la que entendemos "la libre circulación de bienes" tiene significativas implicaciones para la cuestión de quién regula el mercado y el nivel de regulación que se permite. Como tal, siempre ha atraído las críticas de que bien permite demasiadas normas proteccionistas de los estados miembros o, alternativamente, restringe la articulación democrática de valores no económicos de los estados miembros. La libre circulación de servicios (y de proveedores de servicios) se ha convertido en cada vez más importante en la UE en términos económicos, políticos y jurídicos. En términos económicos, los servicios representan más del 70 % del PIB de la EU. En términos políticos, ha sido escenario de significativas y vigorosas impugnaciones, tanto en el contexto de la Directiva de servicios y en las consecuencias de las sentencias de los tribunales en los casos Viking y Laval. Legalmente, la libre prestación de servicios ha demostrado ser muy difícil de conceptualizar para los tribunales. Debido a su rango de aplicación, el criterio de los tribunales en virtud del artículo 56 TFUE no es demasiado claro. La controversia (al contrario que en el ámbito de la libre circulación de mercancías) no se ha centrado en si el artículo 56 TFUE debe entenderse en general como una prohibición de normas discriminatorias o como un instrumento para fomentar el acceso a los mercados. Por el contrario, gran parte de la controversia en torno al artículo 56 TFUE ha surgido a la luz de su efecto en las áreas de políticas específicas. Lectura: - Chalmers et al., capítulo 17 y 18. |
1.3. UEM Y EUROCRISIS Estas sesiones exploran las instituciones y las reglas de la unión económica y monetaria y su transformación durante la crisis del euro. Vamos a analizar las medidas adoptadas desde 2010 para rediseñar la normativa de moneda única y el papel del Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea en la crisis. También vamos a tener en cuenta las cuestiones constitucionales planteadas por la crisis, tanto nacionales como europeas, sobre todo los desafíos presentados por el Tribunal Constitucional alemán. Lectura: Chalmers et al., capítulo 16. |
1.4. LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y CIUDADANÍA La ciudadanía de la Unión se introdujo en 1992 en el Tratado de Maastricht como "declaración puramente política". La idea fue, sin rodeos, que la construcción de una unión política presuponía la creación de unos ciudadanos europeos, aunque solo formalmente. Desde entonces, el concepto de ciudadanía de la Unión ha cambiado significativamente, y ahora constituye el estado más fundamental de los miembros de los estados, lo que les da derecho a un trato igual dondequiera que se encuentren de la UE. La primera parte de las sesiones expondrá el significado normativo y político del concepto de ciudadanía de la Unión: lo que significa ser un ciudadano europeo, cómo se compara con la ciudadanía nacional y qué derechos están conectados a ello. En la segunda parte se analizará el más importante de estos derechos: el derecho a circular libremente por toda la UE y a disfrutar de igualdad de trato en el estado de acogida. Vamos a considerar si esta libre circulación e igualdad de trato es una contribución positiva a una mayor integración o, por el contrario, amenaza con socavar la estabilidad de los sistemas de bienestar nacionales fomentando el turismo de bienestar. Analizaremos en profundidad las diferentes formas en las que el TJUE ha tratado de equilibrar entre estos extremos. Lectura: Chalmers, Davies y Monti, capítulo 11. |
1.5. LA UE MÁS ALLÁ DEL MERCADO, IGUALDAD Y ORDEN DE CAPTURA Estas sesiones cuestionarán la opinión de que la UE es solo un mercado. Veremos dos ámbitos de la política que se han desarrollado con total independencia de la justificación de integración de los mercados: la ley de igualdad y contra la discriminación y el derecho penal. La igualdad se encuentra entre los valores fundacionales de la UE (artículo 2 del TUE); sus inicios fueron, sin embargo, modestos y relacionados con la competencia leal en el mercado interior. Así es como se podía deducir de la disposición que trató de asegurarse de que "la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor" (artículo 157 del TFUE), además de las prohibiciones (a veces implícitas) de discriminación relacionada con las disposiciones de libre circulación que ya hemos estudiado. Esto ha cambiado con la creación formal por el TUE del "ciudadano europeo" y el creciente corpus de jurisprudencia del Tribunal de Justicia en ese ámbito que exploramos en la sesión anterior. El Tratado de Ámsterdam añadió posteriormente base jurídica específica para la adopción de normas destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (artículo 19 del TFUE). La Carta de la UE proporcionó posteriormente mayor comprensión de la igualdad (véase lo contemplado por el título III, titulado "Igualdad"). La igualdad comenzó a formar una parte importante de la política social de la UE, o al menos esto es lo que algunas personas han afirmado. El derecho penal europeo se ha convertido en uno de los campos más dinámicos de la legislación de la UE. Se ha hecho cada vez más difícil reivindicar que la integración europea es solo sobre el mercado interior y las libertades económicas. También significa, sin embargo, que es más difícil justificar el ejercicio de la autoridad pública en nombre de la Unión Europea y la imposición de diversas limitaciones a las libertades de los ciudadanos europeos. La resistencia de los tribunales constitucionales nacionales en este campo es real, como se verá a partir del material seleccionado para esta sesión. Lectura: Chalmers, Davies y Monti, capítulos 13 y 14. |
1.6. ARQUITECTURA JUDICIAL Y EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL DERECHO DE LA UE Los tribunales de la UE, tanto en los niveles supranacionales como nacionales, son los que han proporcionado a la UE su forma distintiva. Analizaremos el procedimiento más importante: la cuestión prejudicial, a través de la cual los tribunales nacionales pueden enviar preguntas sobre la interpretación y la validez de la ley de la UE ante el Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo. Prestaremos una especial atención a la nueva jurisprudencia sobre la interacción entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, a la cuestión de la autonomía procesal nacional y también nos centraremos en el tipo de solicitantes que hacen uso del procedimiento prejudicial. La UE no tiene un policía o un elaborado sistema de tribunales para hacer cumplir las obligaciones suscritas por los estados miembros. Entonces, ¿cómo garantiza que los estados miembros no infringen la legislación comunitaria y aplica y hace cumplir sus normas? Analizaremos el procedimiento por incumplimiento, a través del cual la Comisión puede recurrir a la justicia para asegurarse de que los estados miembros acatan la ley de la UE. También vamos a ver la posibilidad de que las instituciones, los estados miembros y los individuos cuestionen la validez de las normativas europeas mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia, y nos preguntaremos si este sistema podría mejorarse o es suficiente para garantizar el control de la legislación comunitaria. Lectura: Chalmers, Davies y Monti, capítulos 4 y 7, p. 298 a 308, capítulos 8 y 10, p. 423-455. |
1.7. APLICACIÓN JUDICIAL: EFECTO DIRECTO, EFECTO INDIRECTO Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Las normas legales de la UE perderían gran parte de su efecto si no pudiesen ser alegadas en los procedimientos judiciales nacionales y constituyesen una base para el resarcimiento legal. Nos centraremos en la aplicación judicial del Derecho de la UE en los estados miembros. Analizaremos bajo qué circunstancias la legislación comunitaria tiene "efecto directo", lo que significa que los litigantes pueden confiar en ella frente a las autoridades públicas o a particulares en los procedimientos nacionales. Además, dado que los litigantes exitosos suelen buscar obtener una forma de reparación, es necesario explorar si, y en qué medida, la legislación comunitaria obliga a los estados miembros a subsanar las lagunas de la legislación comunitaria. Lectura: Chalmers, Davies y Monti, capítulo 7. |
